Noticias

Una dirección con enfoque jurídico y proyección internacional

El abogado penalista y académico Ricardo Bravo Cornejo, reconocido por su trayectoria en causas penales complejas y de alta connotación pública, asume la Dirección Internacional de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos (CLDHU) en Chile con un objetivo preciso: reposicionar al país como un referente regional en la defensa técnica, promoción y garantía efectiva de los derechos fundamentales.

Con experiencia directa en escenarios multilaterales —incluyendo participación en la Asamblea Nacional de Ecuador, asesorías conjuntas con Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto, y proyectos sociales de alto impacto—, Bravo busca articular una agenda jurídica robusta que devuelva a Chile un rol protagónico en la discusión regional sobre derechos humanos, seguridad, justicia penal y cooperación internacional.

 “Los derechos humanos en Chile están secuestrados por la ideología; debemos devolverlos a su esencia jurídica”

—Ricardo, ¿cuál es la misión de la CLDHU y qué representa para usted asumir su dirección en Chile?

La CLDHU es un organismo internacional dedicado a la defensa, promoción y articulación de políticas y estándares en materia de derechos humanos en América Latina. Liderar su representación en Chile constituye una responsabilidad jurídica, política y social de alto nivel.

En los últimos años hemos trabajado con instituciones ecuatorianas en programas conjuntos con las Fuerzas Armadas y organismos estatales, apuntando a la protección de comunidades vulnerables, la prevención estratégica de violencia y la cooperación regional.

Quiero ser enfático: en Chile, lamentablemente, el discurso de derechos humanos ha sido cooptado por lecturas ideológicas y disputas partidistas. Eso es un error conceptual profundo.
Los derechos humanos no pertenecen a una corriente política: son principios jurídicos universales, vinculantes para el Estado y garantes de la dignidad humana.
Una de nuestras tareas será despolitizar el debate y restituir el enfoque técnico, jurídico y garantista que corresponde.

 Objetivos estratégicos: institucionalidad, jurisprudencia e influencia internacional

—¿Cuáles son los ejes prioritarios de su gestión?

Nuestra agenda se estructura sobre tres pilares:

1. Fortalecimiento institucional

Construiremos alianzas con universidades, colegios profesionales, órganos del Estado y organizaciones civiles, buscando que los derechos humanos se consoliden como política pública permanente, no dependiente de ciclos electorales.

2. Incidencia efectiva en políticas públicas y decisiones judiciales

No basta con declaraciones.
Queremos intervenir en procesos judiciales relevantes, presentar amicus curiae, impulsar estándares interamericanos ante tribunales nacionales y participar activamente en discusiones legislativas.

3. Proyección internacional

Chile debe reincorporarse a la discusión de alto nivel. Participaremos en foros regionales, misiones de observación, redes jurídicas europeas y latinoamericanas, y articularemos cooperación técnica que permita elevar nuestro estándar nacional.

Experiencia internacional como plataforma estratégica

—Usted ha representado a Chile en instancias internacionales. ¿Cómo influye eso en su nuevo rol?

Mi participación en la Asamblea Nacional de Ecuador y en organismos multilaterales me permitió observar que Chile posee un capital jurídico y moral reconocido, pero actualmente subutilizado.

La CLDHU ofrece una plataforma real para reinstalar la voz del país en el sistema regional y global.
Queremos que Chile deje de ocupar un rol reactivo y se convierta en un actor generador de estándares, impulsando principios que fortalezcan la dignidad, la justicia y el cumplimiento de obligaciones internacionales.

Diagnóstico jurídico: brechas estructurales y desafíos inmediatos

—¿Cómo evalúa la situación de los derechos humanos en Chile?

Chile vive un punto de inflexión. Aunque existen avances normativos y jurisprudenciales, persisten brechas críticas en:

• acceso a la justicia,
• condiciones carcelarias,
• debido proceso en causas de alta connotación pública,
• protección a pueblos originarios,
• abordaje de grupos vulnerables.

Desde la práctica penal he visto que las garantías procesales —particularmente la presunción de inocencia, el control judicial efectivo y la proporcionalidad de medidas— no siempre se aplican de forma uniforme.

Los derechos humanos no se defienden en discursos: se defienden con instituciones robustas, procesos transparentes y estándares estrictos.

Conexión entre la defensa penal y la agenda internacional

—Usted es reconocido por litigios complejos. ¿Cómo conecta esa experiencia con esta nueva función?

La defensa penal es, por definición, defensa de derechos humanos.
Los casos emblemáticos que he asumido muestran deficiencias estructurales del sistema: desde la investigación hasta la ejecución de penas.

La CLDHU tiene la capacidad de transformar experiencias individuales en agenda colectiva, impulsando reformas, visibilizando vulneraciones y fortaleciendo garantías a nivel regional.

 Proyección internacional de la CLDHU en Chile

—¿Qué proyección visualiza en esta nueva etapa?

Nuestro objetivo es claro:
posicionar a Chile como un referente regional en materia de derechos humanos, con presencia activa ante organismos como:

• Corte Interamericana de Derechos Humanos,
• ONU,
• OEA,
• redes jurídicas de América Latina y Europa.

La cooperación internacional permitirá que las denuncias, propuestas y buenas prácticas chilenas tengan impacto fuera de nuestras fronteras.

 Mensaje final a la comunidad jurídica y la ciudadanía

—¿Qué mensaje desea transmitir?

La protección de los derechos humanos es una tarea colectiva.
Requiere un Poder Judicial fuerte, instituciones sólidas, abogados comprometidos y ciudadanía activa.

Chile tiene las condiciones para recuperar un rol histórico en esta materia. Desde la CLDHU trabajaremos para que la dignidad, el debido proceso y la justicia se transformen en realidades efectivas y no solo declaraciones programáticas.