Corte Suprema reabre debate por beneficio penitenciario a condenado por homicidio de Daniel Zamudio
Un fallo que reabre un caso emblemático
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Alejandro Angulo, uno de los cuatro condenados por el homicidio de Daniel Zamudio en 2012, y ordenó a Gendarmería reevaluar su exclusión de la Comisión de Reducción de Condena. El fallo, dividido por cuatro votos contra uno, abre la puerta para que el interno —condenado a 15 años de presidio— pueda acceder a una rebaja que podría adelantar su libertad antes de marzo de 2027.
Angulo cumple actualmente su pena en la Torre 2A de Colina Uno, donde fue trasladado en 2023. Según su defensa, representada por el abogado Ricardo Bravo, el interno cumple los requisitos objetivos para optar al beneficio: buena conducta y haber cumplido más de la mitad de la condena. La normativa permite descontar hasta dos meses por año cumplido, lo que en su caso podría significar hasta 26 meses menos de presidio, aunque solo restan 19 meses para finalizar la pena.
La controversia por la aplicación de la Ley 21.421
Gendarmería justificó su rechazo en la Ley 21.421, vigente desde 2022, que excluye del beneficio a condenados por ciertos delitos graves, entre ellos el homicidio de Zamudio. Sin embargo, la defensa alegó que Angulo comenzó a cumplir su sentencia antes de dicha reforma y que su exclusión constituye un acto “arbitrario” y contrario al principio de legalidad.
La Corte de Apelaciones de Santiago inicialmente rechazó el amparo. No obstante, la Corte Suprema revocó la decisión, concluyendo que al condenado se le debe aplicar “el estatuto legal anterior a la reforma”, en virtud de que el beneficio debe evaluarse conforme a la ley vigente al momento de cometerse el delito. Aplicar criterios posteriores, señaló el fallo, implica una vulneración de su libertad personal.
Impacto del fallo y próximos pasos de Gendarmería
Tras la resolución, Gendarmería deberá reevaluar la situación del interno y determinar si puede postular formalmente al beneficio. De proceder, su caso será remitido a la Comisión de Reducción de Condena.
El abogado Bravo calificó el fallo como “ejemplar” y sostuvo que podría derivar en la libertad anticipada del condenado. “Si se reconocen los meses descontados por buena conducta, estaríamos frente a un eventual cumplimiento efectivo de la pena en el corto plazo”, afirmó.
Un historial que inquieta a organizaciones de derechos humanos
La situación no está exenta de polémica. Angulo ya había solicitado beneficios penitenciarios en octubre de 2023 y abril de 2024, siendo rechazado por la Comisión de Libertad Condicional debido a su “riesgo de reincidencia”, “limitada autocrítica” y presencia de “rasgos de personalidad con potencial criminógeno”.
El Movilh, organización históricamente vinculada al caso, expresó su preocupación. Su dirigente, Rolando Jiménez, calificó la eventual reducción de condena como un riesgo para la seguridad pública y recordó que Angulo fue “uno de los agresores más brutales de Daniel Zamudio” y que incluso desde prisión, en 2020, “amenazó con asesinar a otras personas”.
Un precedente para la administración penitenciaria
El pronunciamiento del máximo tribunal plantea un precedente relevante en materia de control judicial sobre las decisiones administrativas en el sistema penitenciario. El debate ahora se centra en cómo Gendarmería interpretará el fallo y si la Comisión de Reducción de Condena aplicará retroactivamente los beneficios contemplados antes de la reforma legal.